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El Gobierno desreguló las tarifas para el transporte de cargas

  • - 2025-09-04 - Modificado el 2025-09-06

El Gobierno derogó las tarifas de referencia para el transporte de granos y desregula el mercado de fletes

By Redacción Economis 2 días ago

Transporte de cargas: el Gobierno elimina el esquema tarifario de referencia y avanza hacia la desregulación del sector

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Fin de las tarifas indicativas en el transporte automotor de granos. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, resolvió abrogar la Resolución 8/2016 y la Resolución Conjunta 1/2023, que establecían el esquema de tarifas de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y derivados. La medida, formalizada mediante la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, implica el fin de la intervención estatal en la fijación de valores orientativos para el traslado de la producción agropecuaria.

La decisión responde a la necesidad de “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica”, según se desprende del informe técnico que acompañó la resolución. La nueva etapa se apoya en la firma de un Acta Acuerdo del 10 de marzo de 2025, por el cual transportistas y dadores de carga consensuaron un cuadro tarifario de alcance nacional sin mediación estatal.

De la Mesa de Negociación a la desregulación

El régimen tarifario vigente desde 2016 se sostenía en una Mesa de Negociación Participativa, integrada por cámaras transportistas (FETRA, CATAC, FADEEAC, entre otras) y entidades agropecuarias (FAA, Coninagro, CRA, SRA y Acopiadores). De esas rondas surgían valores de referencia que luego debían consignarse en la Carta de Porte, documento clave en el transporte de granos.

Sin embargo, en los últimos años el esquema comenzó a ser cuestionado tanto por entidades transportistas como por productores. La Sociedad Rural Argentina y la FADEEAC formalizaron en 2025 su retiro de la Mesa, argumentando que la mejor política era respetar la libertad de mercado y permitir que las tarifas se definan por acuerdos privados, con la intervención estatal limitada a eventuales denuncias por prácticas anticompetitivas.

En la misma línea, FAETyL también desistió de participar, dado que su representatividad no alcanzaba al transporte de cereales. Esta fragmentación debilitó el esquema de concertación, generando un escenario de superposición entre referencias oficiales y pactos privados divergentes.

Fundamentos oficiales y alcance de la medida

La Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas fue categórica al recomendar la derogación: los valores orientativos habían perdido eficacia y generaban “diversas interpretaciones respecto de su aplicación”, lo que derivó en conflictos entre transportistas y productores.

La Resolución 48/2025, firmada por el secretario de Transporte Luis Octavio Pierrini, establece que a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el Estado Nacional deja de emitir tarifas de referencia para el transporte automotor de granos y derivados.

No obstante, el organismo aclaró que el marco normativo de la Ley 24.653 sobre transporte automotor de cargas sigue plenamente vigente, garantizando competencia y transparencia en el mercado. Además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará fiscalizando el cumplimiento de la normativa de seguridad y condiciones de prestación de los servicios.

Impacto y proyecciones: del arbitraje estatal al mercado

La medida supone un cambio estructural en la política de transporte de cargas agropecuarias, en un contexto de fuerte presión para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora.

Para el sector agropecuario, la eliminación de tarifas de referencia abre la posibilidad de negociaciones más flexibles con transportistas, especialmente en campañas de alta demanda de fletes. Sin embargo, analistas advierten sobre el riesgo de mayor volatilidad de precios en períodos de escasez de camiones.

En el plano político, la decisión se enmarca en el proceso de desburocratización del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo y puede interpretarse como un avance hacia un esquema de mayor liberalización del mercado logístico.

De cara al futuro, la clave será observar cómo evolucionan los acuerdos privados y si surgen nuevos índices de costos sectoriales que permitan orientar negociaciones sin intervención directa del Estado.



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