Hace unas semanas, usuarios de WhatsApp encontraron el ícono de IA en el buscador de su mensajería. Esta novedad incorpora la posibilidad de pedirle a la inteligencia artificial que cree alguna imagen, que responda preguntas o traduzca textos, entre otros requerimientos. La difusión y uso de esta nueva herramienta es inevitable, pero cabe preguntarse sobre la seguridad y privacidad de los datos que se recopilan. PERFIL CÓRDOBA dialogó con Andrés Piazza y Agustín Berti sobre la situación en nuestro país y en la región y los desafíos legales que plantea.

Agustín Berti es investigador del Conicet, se especializa en filosofía de la técnica y analiza el impacto social de las tecnologías digitales. Recientemente publicó ‘Nanofundios: Crítica de la cultura algorítmica’, editado por la UNC sobre la gestión de archivos que necesita internet para funcionar.
Debido al tamaño de las economías de los países y de las corporaciones que desarrollan la IA, sumado a los tamaños de bases de datos que se requieren para entrenar esos modelos y la potencia computacional y el gasto energético que requiere, Berti considera que países como el nuestro podrían coordinar con el resto de las naciones de la región para reglamentar de manera razonable o al menos "en una mejor posición de negociación con las grandes corporaciones tecnológicas".