El Gobierno nacional disolvió formalmente y de un plumazo al INADI, el instituto que durante los últimos 30 años generó políticas de integración y contención de las minorías, luchó contra toda forma de xenofobia y racismo, y promovió acciones de defensa de derechos, pluralidad, igualdad y educación.
El INADI siempre estuvo en la mira de Javier Milei y su política de “destrucción del Estado”. Su desguace comenzó a activarse en mayo pasado con el despido masivo de los trabajadores que lo ponían en marcha.
Su final había sido anunciado ayer, cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anticipó por las redes sociales el “cierre definitivo” de ese organismo. Horas después, el vocero Manuel Adorni posteó un texto socarrón y celebratorio. “Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre”.
Si bien el “para siempre” es relativo porque esa voluntad queda atada a los vaivenes de cada gobierno, el decreto 696/2024 publicado esta mañana habla de la “disolución” definitiva de ese organismo descentralizado.
La excusa que La Libertad Avanza (LLA) logró instalar en los medios de comunicación es que el organismo era una suerte de moneda de cambio con la que se pagaban favores políticos, y que estaba plagado de militantes partidarios. Es decir, una justificación ideológica y antojadiza.
Los argumentos para el cierre que figuran en el decreto firmado por Javier Milei, Guillermo Franco y Cúneo Libarona son de lo más variado y arbitrario. Dice que la Constitución ya “garantiza la igualdad de oportunidades” y que durante años el INADI funcionó bajo un “estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades”.
Resalta que otro de los motivos del cierre es “ordenar y equilibrar las cuentas públicas” para que “se dirijan a quienes más lo necesitan” (una remake de “los chicos pobres del Chaco”).
Luego asegura que una auditoría realizada durante los últimos meses demostraron “graves irregularidades” que no se detallan, el “retraso injustificado en la solución de denuncias” y la “ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos”.
También se cuestiona el “sobredimensionamiento excesivo de la estructura” que funcionó en 44 sedes dispuestas todo el país con un total de 431 empleados. Algo así como 10 empleados por cada oficina en distintas ciudades.
De la misma manera le critica la falta de elaboración de un “plan nacional contra la discriminación”, como si el armado de esa única acción fuera imprescindible para el variopinto de acciones desplegadas en todos los frentes.
El decreto cierra: “Teniendo en cuenta el fracaso del instituto” de “los graves inconvenientes detectados”, de las “irregularidades en la gestión de los recursos” e “incumplimiento de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”, el Gobierno decidió “disolver con urgencia” el organismo.
Las funciones, materiales y fondos del INADI pasarán al Ministerio de Justicia comandado por Mariano Cúneo Libarona, aunque en rigor siempre funcionó bajo la órbita de esa cartera.
Fue creado en 1995 por el gobierno de Carlos Menem, luego de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA. El organismo fue pionero en la generación de políticas a favor de los derechos de toda la población.
Promovió denuncias y acciones contra la discriminación por nacionalidad, orientación sexual, referencia ideológica y abusos contra las minorías, entra otras iniciativas. Tuvo también a su cargo la capacitación del personal de instituciones públicas y privadas a favor del pluralismo.
Activó investigaciones contra grupos y personas que llevaban a cabo prácticas discriminatorias; desplegó por todo el país campañas de concientización a favor de la integración, tolerancia y respeto; brindó asesoramiento gratuito a víctimas, y activó legislaciones a favor de la integración.
